La Comisión Europea presentó una propuesta normativa para exigir a los centros de datos en Europa que transparenten su consumo de agua y energía. La iniciativa busca fiscalizar el impacto ambiental del sector digital mediante un nuevo sistema de clasificación transparente, en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad de estas infraestructuras clave.
El plan responde a la meta europea de triplicar la capacidad informática regional para impulsar el avance de la inteligencia artificial. Según reportó la agencia Reuters, el objetivo busca respaldar el rápido desarrollo de la tecnología y reducir la dependencia de las grandes empresas estadounidenses, aunque esto supone un riesgo para las redes eléctricas y las reservas de agua si el uso de recursos no se controla.
La regulación abarcará a las instalaciones con una capacidad operativa superior a los 500 kilovatios, las cuales deberán medir sus métricas de eficiencia energética e hídrica. Asimismo, los operadores deberán reportar la relación entre su gasto de agua y el nivel de estrés hídrico de la zona donde funcionan, junto con las opciones disponibles para reutilizar su calor residual.
El incremento de estas infraestructuras tecnológicas representa un desafío energético urgente para los países miembros en los próximos años. De acuerdo con información dada a conocer por la agencia Reuters, los centros de datos representan actualmente cerca del 2,5 % del consumo eléctrico en la región, pero su capacidad total se más que duplicará para 2030, alcanzando los 28 gigavatios frente a los 12 gigavatios registrados el año pasado.
Especialistas señalan que este sistema de etiquetado servirá como antesala para futuras normas obligatorias en el continente. Con esta transparencia inicial, la Unión Europea proyecta establecer estándares mínimos de rendimiento ambiental que fuercen a las empresas informáticas a adoptar soluciones de procesamiento mucho más sostenibles.
Los países miembros y el Parlamento Europeo cuentan con un plazo de dos meses para analizar la propuesta y presentar objeciones. En caso de no existir reparos durante este periodo, la medida entrará formalmente en vigor para marcar un hito en la regulación de la infraestructura digital comunitaria.